La suspensión de normas generales como medida cautelar en las acciones de inconstitucionalidad

 El cambio de paradigma en los valores que rigen el orden constitucional mexicano a raíz de la reforma constitucional de 2011 ha obligado a las autoridades en sus diversos ámbitos de competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La manera en que los órganos jurisdiccionales deben interpretar el marco jurídico no sólo debe tener en cuenta principios como la legitimidad y la legalidad de las normas, sino que debe partir siempre fungiendo un manto protector de la dignidad de los gobernados. A través de una interpretación conforme y una aplicación del principio pro persona, el poder judicial ha permitido la utilización de la figura de la suspensión de acto reclamado en medios de control constitucional que lo prohíben expresamente, como es la acción de inconstitucionalidad al razonar y aplicar el mandato del artículo 1º del texto fundamental.